A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Yopal, Casanare, y el Juzgado 005 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, suscitado por una demanda ejecutiva de mínima cuantía, promovida por el Instituto Financiero de Casanare, contra un ciudadano, para que se libre mandamiento de pago de un valor contenido en un pagaré, que respalda un crédito otorgado a través de un contrato de mutuo.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena precisa que las empresas industriales y comerciales del Estado, como el IFC, según artículos 85 y 93 de la Ley 498/98 y 14 de la Ley 1150/07, se rigen por el derecho privado en el desarrollo de sus funciones y/o actividades comerciales y, por ende, en su contratación.

Sin embargo, aunque dichos actos o contratación se rigen por el derecho privado, no deja de tratarse de la contratación de una entidad estatal y, en consecuencia, las controversias derivadas de esos contratos, como el mutuo, o actos, son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 104.2 del CPACA.

Según la regla de decisión del Auto 554/23, la JCA es competente para conocer de las demandas ejecutivas que se deriven de controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, siempre que estas no tengan el carácter de instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y dichos contratos no correspondan al giro ordinario de sus negocios.

Lo anterior de conformidad con los artículos 104 y 105 del CPACA.